En los últimos años, Guanajuato se ha consolidado como una de las entidades con mayor crecimiento industrial del país, impulsado por sectores como la automotriz, la manufactura y la generación eléctrica. Sin embargo, bajo ese impulso económico, se esconde una realidad ambiental cada vez más alarmante: el estado figura entre los mayores emisores de gases de efecto invernadero a nivel nacional, con el sector energético como principal responsable. La situación se vuelve aún más crítica cuando volteamos a ver a Salamanca, municipio que concentra buena parte de la actividad energética del estado y que, según estimaciones no oficiales, podría estar generando hasta el 20% de las emisiones contaminantes de toda la entidad. Aunque esa cifra no ha sido confirmada en registros oficiales, sí resuena como un llamado de atención que apunta a una problemática más profunda y estructural.
Los datos disponibles más recientes, proporcionados por la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial de Guanajuato (SMAOT), indican que la generación y el consumo de energía representan el mayor porcentaje de emisiones de GEI en el estado. Este fenómeno se explica en gran parte por el tipo de infraestructura energética que opera en la entidad: una mezcla de ciclos combinados, termoeléctricas, uso intensivo de combustibles fósiles, además de una refinería en Salamanca que, por su naturaleza, produce altos niveles de dióxido de carbono, metano y óxidos de nitrógeno. A pesar de ello, no existen cifras públicas desglosadas por municipio que permitan conocer con precisión la carga contaminante de Salamanca, lo que ha generado una falta de transparencia en la medición local de la huella ambiental.
En el panorama estatal, 2024 marcó un hito técnico: Guanajuato logró producir más energía eléctrica de la que consume, alcanzando un superávit de 694 GWh respecto a su demanda anual. Pero este logro, en apariencia positivo, también encubre una contradicción: a pesar del excedente, la proporción de energía limpia sigue siendo baja. Actualmente, sólo el 18.4 % de la capacidad instalada proviene de fuentes renovables como solar, eólica o pequeñas hidroeléctricas, cifra por debajo del promedio nacional que supera el 35 %. Además, el crecimiento de las emisiones ha sido sostenido: entre 2015 y 2022, éstas aumentaron más de un 24 %, según el informe “Perspectiva de la transición energética en Guanajuato” elaborado por el Centro de Investigación México Evalúa.
A nivel de movilidad, uno de los sectores que podría contribuir a reducir el impacto ambiental, también se observan avances, aunque incipientes. Tan solo en 2022 se vendieron 1 762 vehículos híbridos y eléctricos en el estado, y la red de cargadores eléctricos apenas alcanzaba los 48 puntos distribuidos en municipios como León, Irapuato y Celaya. Esto evidencia que, aunque existe una tendencia positiva hacia tecnologías más limpias, aún falta infraestructura, incentivos y políticas públicas integrales que aceleren el cambio.
Frente a este panorama, algunas instituciones y organismos han comenzado a impulsar alternativas. El Gobierno del Estado, en colaboración con la cooperación alemana (GIZ), lanzó en 2023 la Iniciativa de Transformación Energética Sustentable, enfocada en ayudar a PyMES a realizar diagnósticos energéticos y a instalar paneles solares. En paralelo, programas como Fondos Guanajuato han otorgado créditos para equipar con sistemas solares a más de 25 edificios públicos, 26 escuelas y al menos 50 viviendas, lo que se traduce en un ahorro estimado de 34 toneladas de CO₂ al año. Además, el estado emprendió la instalación de calentadores solares en 46 municipios para hogares en situación vulnerable, proyecto que ha logrado reducir más de 5 500 toneladas de emisiones de carbono.
Pero más allá de las acciones puntuales, Guanajuato aún carece de un marco normativo fuerte en materia de transición energética. No existe hasta ahora una ley estatal específica que obligue a las industrias a migrar hacia fuentes limpias o que trace una ruta clara de descarbonización. Las regulaciones existentes se limitan a disposiciones administrativas, impuestos ambientales moderados y la adopción de lineamientos federales, como el reciente Acuerdo A/108/2024 de la CRE sobre electromovilidad. El avance ha sido más voluntario que obligatorio, y en muchos casos, impulsado por el interés del sector privado más que por una política pública contundente.
Actualmente, hay en cartera 15 proyectos de infraestructura energética con enfoque sustentable que buscan transformar el panorama estatal. Entre ellos destacan propuestas de generación solar, eólica, hidroeléctrica, e incluso de hidrógeno verde, con una capacidad instalada potencial de más de 1 200 megawatts. Estos proyectos representan una oportunidad histórica para el estado, tanto por su potencial económico como por el impacto positivo que podrían tener en el medio ambiente. Sin embargo, su implementación dependerá de múltiples factores: financiamiento, voluntad política, coordinación interinstitucional y, sobre todo, presión social para acelerar el cambio.
El caso de Guanajuato resume uno de los grandes retos de México: cómo impulsar desarrollo económico sin comprometer el medio ambiente. El estado cuenta con la capacidad técnica y humana para liderar una transición energética regional, pero necesita ir más allá de las buenas intenciones. Mientras tanto, Salamanca sigue ardiendo —literal y simbólicamente— como un recordatorio de que el desarrollo sin sustentabilidad tiene un costo que ya estamos pagando a nivel estatal y del Bajío.
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