El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de Guanajuato, Luis Ricardo Ferro Baeza, presentó un punto de acuerdo para exhortar a la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo a que, por conducto de la Secretaría de Obra Pública, entregue al Poder Legislativo información completa sobre la autopista Silao–San Miguel de Allende: trazo definitivo, proyecto ejecutivo, título de concesión, contratos y anexos, así como un reporte de avances físicos y financieros.
El legislador sostiene que, al medir la obra por su capacidad real (kilómetro–carril), el proyecto resulta considerablemente más caro de lo que se comunica públicamente. Con datos de costo y longitud reportados en información oficial y cobertura estatal, el presupuesto aprobado para la carretera es de 5,402 millones de pesos y su longitud proyectada es de 52.17 kilómetros. Eso equivale a 103.5 mdp por kilómetro; y, considerando que es una autopista de dos carriles totales (uno por sentido), el costo ronda 51.8 mdp por km-carril.
“No llega” a San Miguel: el punto que prende la discusión
Otra de las alertas de Ferro es el alcance real del trazo: afirma que la vialidad “no llegará directamente” a la ciudad de San Miguel de Allende y que concluiría a casi 20 kilómetros del destino, lo que —dice— podría traducirse en expectativas infladas sobre beneficios turísticos y de conectividad.
En documentos públicos del propio proceso de concesión, la autopista se describe con 52.17 km en tres tramos y un término en el entronque Rancho Nuevo – Villa de Guadalupe, sin que en esa convocatoria se detalle una entrada urbana directa a la cabecera de San Miguel.
Concesión y peaje: el “activo” que también se puso sobre la mesa
El debate se cruza con la concesión de la autopista Guanajuato–Silao, que quedó vinculada al paquete para financiar la nueva vía. Ferro argumenta que, entre 2022 y 2024, se estimó un ingreso de 737 millones de pesos en ese tramo (promedio de 245 mdp anuales), y cuestiona que se haya cedido a un consorcio privado por 30 años sin una explicación que convenza a la ciudadanía.
En el trasfondo, Periódico AM ha documentado que el esquema de concesión se formalizó al cierre del sexenio anterior y que el consorcio VISE–Rubau fue el único participante en la licitación, bajo un modelo por 30 años (con posibilidad de prórroga, según el propio seguimiento periodístico).
Gobierno estatal: “es legal, transparente y con inversión privada”
Desde el Ejecutivo estatal, la postura pública ha sido defender el modelo. En declaraciones recogidas por El Sol de León, el secretario de Obra Pública, Juan Pablo Pérez Beltrán, afirmó que el proceso se realizó con “total transparencia” y que la documentación puede consultarse en un portal de concesiones; además, habló de una inversión superior a 6,090 mdp sumando rehabilitación, pago inicial, construcción, financiamiento, seguros y supervisión.
¿Y la obra? Aún faltan permisos y derecho de vía
Mientras el tema escala en lo político, el arranque en campo sigue bajo lupa. En febrero, Periódico AM reportó que para iniciar la construcción aún faltaba cerrar la liberación de derecho de vía y completar permisos federales (incluido el cambio de uso de suelo en terrenos forestales), aunque la autoridad estimaba una ventana de inicio entre el segundo y tercer trimestre de 2026.
Por ahora, el punto de acuerdo promovido por Ferro fue turnado a comisión para su análisis.
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