El caso de Samuel Adrián, creador del documental “Colombia: Fábrica de Niños Trans”, ha abierto un intenso debate sobre las decisiones médicas relacionadas con la identidad de género cuando se trata de niñas, niños y adolescentes, particularmente sobre los tratamientos hormonales y las cirugías que pueden modificar de manera permanente el cuerpo de una persona.
Pero el tema tomó todavía mayor relevancia después de que Samuel Adrián fuera detenido el pasado 13 de septiembre en el aeropuerto El Dorado de Bogotá. Y aquí hay un punto importante: no fue detenido por una condena penal por realizar el documental ni porque un juez hubiera determinado que investigar o hablar sobre estos temas fuera un delito. La orden de arresto deriva de un proceso de desacato, relacionado con una acción de tutela promovida por el médico Mario Angulo, quien aparece en el documental.
¿Por qué terminó detenido?
De acuerdo con la información publicada sobre el proceso, Mario Angulo acudió a la justicia después de que Adrián difundiera en su documental y en publicaciones posteriores grabaciones, imágenes, referencias y material audiovisual en el que aparecía el médico, quien sostuvo que ese contenido vulneraba sus derechos a la honra, al buen nombre y a la protección de sus datos.
Un juzgado de Cali ordenó retirar de circulación determinados contenidos relacionados con Angulo. El equipo de Adrián modificó algunas partes del documental, pero el médico consideró que la orden judicial seguía sin cumplirse completamente y solicitó que se aplicaran sanciones por desacato.
Adrián, por su parte, decidió mantener el material que consideraba parte de su investigación. Esa negativa a cumplir completamente la orden judicial fue la que llevó al incidente de desacato y posteriormente a una sanción de 10 días de arresto y una multa de 15 salarios mínimos colombianos. La Policía Nacional aclaró que se trató de la ejecución de una sanción judicial por desacato y no de una captura derivada de una investigación penal.
Y aquí aparece otra pregunta que forma parte de la controversia: ¿se trató únicamente de hacer cumplir una orden judicial para proteger los derechos de una persona que aparecía en el documental o el caso termina convirtiéndose también en un límite para la libertad de expresión y la investigación periodística?
La respuesta no es sencilla. La justicia colombiana consideró que los derechos del médico habían sido afectados por la utilización de determinado material; mientras que Adrián sostiene que ese material forma parte de una investigación que, desde su perspectiva, busca exhibir lo que ocurre con los menores que reciben atención relacionada con su identidad de género.
¿Por qué se llama “Fábrica de Niños Trans”?
El título del documental no significa literalmente que Colombia tenga una “fábrica” donde se convierta a niños en personas trans.
Es la expresión utilizada por Samuel Adrián para cuestionar lo que él considera un sistema médico en el que menores de edad pueden ser incorporados a procesos relacionados con la afirmación de género.
La producción centra parte de su investigación en la atención que reciben niños y adolescentes en Colombia y pone el foco en bloqueadores de la pubertad, tratamientos hormonales y otras intervenciones médicas, además de sus posibles consecuencias físicas y emocionales. También presenta testimonios de personas que comenzaron estos procesos durante la adolescencia y que posteriormente cuestionaron algunas de las decisiones tomadas.
Uno de esos testimonios es el de Laura, una joven que relata haber comenzado un tratamiento con testosterona a los 15 años y que posteriormente se sometió a una mastectomía. Un dato importante para entender el caso es que, de acuerdo con reportes recientes, esa cirugía ocurrió cuando ya había cumplido 18 años.
Es justamente a partir de testimonios como este que el documental plantea una preocupación de fondo: qué significa tomar decisiones sobre el propio cuerpo durante la adolescencia cuando algunas de sus consecuencias pueden permanecer durante la vida adulta.
La controversia sobre las operaciones a menores
Aquí es necesario separar lo que plantea el documental de lo que está documentado por las instituciones involucradas.
El documental cuestiona la atención médica que reciben menores que presentan inconformidad con su sexo o identidad de género y pone especial atención en las posibles consecuencias de las intervenciones realizadas durante la adolescencia.
Sin embargo, Mario Angulo ha declarado que en el programa multidisciplinario de la Fundación Valle del Lili, en Cali, no se practicaron cirugías de afirmación de género a menores de edad. Según su explicación, la atención incluía valoración médica, psicológica y psiquiátrica, acompañamiento familiar y consentimiento informado.
Por eso también es importante no meter todo en el mismo concepto. El acompañamiento psicológico, los bloqueadores de la pubertad, los tratamientos hormonales y una operación quirúrgica son procedimientos diferentes, con implicaciones y grados de permanencia distintos.
Una discusión que va más allá del documental
El caso pone sobre la mesa una cuestión especialmente delicada cuando se habla de menores de edad: la capacidad de participar en decisiones médicas que pueden tener consecuencias a largo plazo.
La adolescencia es una etapa de importantes cambios físicos y emocionales. De ahí que entren en la discusión el consentimiento informado, la participación de los padres, la valoración de especialistas y la información que recibe el menor antes de iniciar determinados tratamientos.
Pero también existe la otra parte de la discusión: los adolescentes que buscan atención especializada y acompañamiento médico respecto de su identidad de género.
Por eso, el caso de Samuel Adrián no solamente enfrenta a un documentalista con un médico. Ha llevado al espacio público una conversación mucho más amplia sobre los límites de las decisiones médicas durante la adolescencia, la responsabilidad de padres y especialistas, el derecho a la privacidad y al buen nombre de las personas expuestas en una investigación y, al mismo tiempo, los límites que puede tener una orden judicial sobre contenidos periodísticos o documentales.
Al final, la discusión va mucho más allá de Samuel Adrián:
¿Cómo encontrar el equilibrio entre proteger los derechos de una persona que aparece en una investigación, garantizar la libertad de expresión y proteger a los menores cuando están de por medio decisiones médicas que pueden tener consecuencias para toda la vida?
El debate está abierto.
